El pasado 3 de noviembre se aprobó el Real Decreto de nuevas subastas para aprovechar todo el potencial de las energías renovables en la reactivación económica. El nuevo marco retributivo, que el Real Decreto denomina Régimen Económico de Energías Renovables (REER), estará destinado a nueva potencia renovable y permitirá la hibridación entre tecnologías, la ampliación y modificación de instalaciones existentes y será compatible con el almacenamiento.

El texto desarrolla el Real Decreto-ley 23/2020, de medidas en materia de energía para la reactivación económica, aprobado en Consejo de Ministros de 23 de junio. Responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.

Las subastas comentadas buscan trasladar de forma directa todo el ahorro a productores y consumidores con renovables, unas fuentes de energía que, como sabemos, son las más baratas. Se prevé la instalación de unos 60 gigavatios (GW) renovables para la próxima década.

Subastas, ¿de qué estamos hablando?

Las subastas son un tipo de concurso al que acuden unos participantes a pujar (como cualquier subasta típica), pero que en el caso de la energía, lo que se subasta es potencia (MW) para las instalaciones de generación. Quiénes participan pujan ofertando el precio al que estarían dispuestos a vender la energía (MWh) que generen en su instalación con esa potencia. A diferencia de una puja típica, las ofertas que tienen más posibilidad de ser aceptadas no son las más altas, sino las más bajas (concurrencia competitiva). Es decir, se prima que yo esté dispuesto a vender mi energía más barata.

Diferencias destacables con las anteriores subastas

Esta nueva norma dejará de establecer un precio por la inversión realizada (como sucedía anteriormente) y pasará a fijar un precio por producción. Los inversores pujarán por un precio por MWh y los adjudicatarios tendrán garantizado ese precio a largo plazo. Con ello, se garantiza un precio de venta de la energía para los promotores durante 5 años.

Por ejemplo, si en la subasta el adjudicatario oferta X por los MWh y después en el mercado el precio de venta es mayor, el adjudicatario deberá saldar la diferencia. Igualmente, si en el mercado se paga la energía a menos de este X, el adjudicatario recibe la diferencia. Por lo tanto, el inversor tiene la certeza, por lo menos durante esos 5 años, del precio pagado por MWh.

Para la otorgación de esta potencia, también se tendrá en cuenta la participación social en los proyectos -algo defendido por la Comisión Europea-, y la incorporación de elementos de Transición Justa.

¿Qué calendario se propone?

Como ya comentamos, será en los próximos 10 años en los que se distribuirá toda la potencia a subastar y toda ella estará orientada a la consecución de los objetivos de producción renovable establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

De nuevo, mediante orden ministerial se facilitará un calendario que se actualizará, como mínimo, cada año. Este llevará consigo una previsión de celebración de subastas, durante un periodo mínimo de cinco años y que ofrecerá plazos indicativos, la frecuencia de las subastas, la capacidad esperada y las tecnologías previstas.

Para los más optimistas e incluso para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, existe una posibilidad de que la primera subasta se diese antes de fin de año.

Situación para la fotovoltaica y otras tecnologías

En estas subastas es importante resaltar la separación por tecnologías, es decir, diferencias los MW que van a eólica, a fotovoltaica o a cualquier otra. De esta manera, esta vez la fotovoltaica podrá obtener más protagonismo sobre las demás tecnologías que en subastas pasadas. Además, también se permitirán para proyectos híbridos y para instalaciones con almacenamiento.

Desde 2021 hasta 2025 se fija un objetivo mínimo de 19.440 MW para todas las tecnologías. De estos MW, algo más de la mitad, 10.000 MW son de fotovoltaica, tecnología que cuenta con un mínimo de 1.800 MW anuales que serán, además, acumulativos.

Pequeños proyectos y comunidades energéticas

También se buscará que tanto los pequeños proyectos, los proyectos de demostración y las comunidades energéticas puedan entrar al mercado y competir en igualdad de condiciones. Esto se hará estipulándolo antes en cada convocatoria, que además llevará especificada las demás características de cada subasta. Reservarles hasta un 20% de la reserva subastada o darles prioridad en la tramitación administrativa, son algunas medidas que podrían venir, entre otras.

Consideramos esto algo muy importante ya que abre oportunidades a pequeños grupos a que se lancen también a generar energía y poder lograr así, una mayor soberanía energética y poder para los mecanismos de participación ciudadana, señas de identidad de La Corriente.

Oposición de las grandes eléctricas y fondos de inversión

Todas estas subastas buscan, de alguna manera, incentivar la competencia atrayendo así a nuevos integrantes del sector. No sería de extrañar, por tanto, que las grandes eléctricas se opongan a estos sistemas, ya que verán reducido su poder de mercado de generación. La proyección y finalidad futura de estos mecanismos sería tratar de buscar un reparto equitativo de los futuros MW, que llevará a una mayor participación en algo, como en este caso la energía, que es vital para todo el mundo.

Desde La Corriente seguiremos trabajando para impulsar un nuevo modelo energético en el que la ciudadanía sea la protagonista y se sustente en energías renovables. ¡Os animamos a uniros al grupo de trabajo sobre comunidades energéticas que hemos puesto en marcha! Más información AQUÍ.